Claroscuros del modelo de comunicación política

Opinión de Javier Santiago Castillo. 

Para preservar la equidad en la contienda electoral, el modelo de comunicación política descansa en dos premisas: la difusión de los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales mediante tiempos oficiales.

A casi nueve años de vigencia, el modelo de comunicación política, instaurado en 2007, continúa siendo objeto de polémica y exhibe fortalezas, vacíos y deficiencias.
En una colaboración anterior afirmé que la spotización excesiva perjudica la imagen de los partidos políticos y limita el contenido de sus mensajes. Ahora, merecen especial atención las posibles afectaciones del modelo a la libertad de expresión de los particulares y actores políticos, así como la necesidad de precisar la difusión de propaganda gubernamental en los procesos electorales.
Para preservar la equidad en la contienda electoral, el modelo de comunicación política descansa en dos premisas: la difusión de los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales mediante tiempos oficiales, y la prohibición a toda persona de contratar propaganda política o electoral en los medios electrónicos de comunicación masiva. En mi opinión, ese núcleo esencial, si bien afecta intereses comerciales y de alguna otra índole, es socialmente benéfico. De manera que debe ser preservado.
Sin embargo, las abigarradas y no siempre acertadas interpretaciones han generado un clima general de incertidumbre, en el que los ciudadanos no saben a ciencia cierta cómo y cuándo expresar su opinión política, sin violentar el modelo de comunicación. Su aplicación, a veces excesivamente pragmática, ha generado un efecto indeseado: la percepción de que la política ahora parece ser actividad exclusiva de los partidos políticos. Con ello se empobrece la deliberación pública, pues se tiende a hacer de la política y de las contiendas electorales una y la misma cosa.
Por otra parte, la reforma constitucional en materia electoral de 2007 prohibió la promoción personalizada de los servidores públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña, con excepción de las campañas de salud, educación y protección civil. Ambas normas tienen la finalidad de garantizar la equidad en la contienda.
Sin embargo, el Congreso de la Unión ha omitido su obligación de expedir una Ley reglamentaria. Es así que el otrora IFE y ahora INE ha emitido interpretaciones que no siempre son compartidas por el Tribunal Electoral. Las interpretaciones contradictorias y en ocasiones confusas, han propiciado simulaciones mediante propaganda gubernamental que lejos de cumplir objetivos comunicacionales de carácter social, en realidad busca favorecer electoralmente a algún actor.
Además, en no pocas ocasiones algunos órganos de gobierno han evitado difundir información útil para la sociedad, porque el contenido de sus campañas informativas no está nítidamente considerado en las excepciones de ley.
Asimismo, la reforma electoral de 2014 incrementó el catálogo de nulidades y, con ello, la probabilidad de que ocurran elecciones extraordinarias. Debido a que la Ley obliga a transmitir spots de partidos y autoridades a todas las estaciones cuya señal sea vista y escuchada en la localidad donde haya elección, la propaganda gubernamental, aún y cuando sea de otra entidad federativa, no podrá ser transmitida en el periodo de campaña de las elecciones extraordinarias.
Lo anterior afecta el derecho social a la información, y los ciudadanos que no votarán en la elección respectiva por habitar en otras localidades verán y escucharán los mensajes electorales, que les dicen poco y no los convocan a ejercer su derecho al sufragio.
En esta columna me he pronunciado en diversas ocasiones por ajustar las leyes generales en materia electoral, para perfeccionarlas. En el caso del modelo de comunicación política, es necesario transitar hacia reglas proporcionales y claras, que abonen a la certeza y armonicen el principio de equidad en la contienda con los derechos de libertad de expresión, información y audiencia. No es un desafío intelectual y político sencillo; en materia electoral ninguno lo es.

*Consejero Electoral del INE
Profesor de la UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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