La recesión económica global que se pronosticaba para este año alcanzó al mundo con anticipación. La causa ha sido la pandemia de coronavirus, en un mes hemos pasado de la incertidumbre a la certeza de la gravedad de la afectación a la economía causada por la pandemia.
Las cifras de los organismos internacionales son contundentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe Perspectivas Económicas Mundiales estimó que la recesión mundial en 2020 ocasionará una contracción del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) global. La caída en las economías avanzadas será de 6.1% en promedio, con ‘descalabros’ de hasta 9.1 y 8.0 en Italia y España, respectivamente; de 7% en Alemania, y de 5.9% en Estados Unidos. China decreció el PIB en el primer trimestre del año 6.8%, a pesar de eso serán uno de los dos países que crecerá con 1.2%, el otro será la India con 1.9%.

Es innegable que la situación que vive el país, y el mundo, por la pandemia de coronavirus es inmensamente peligrosa. No sólo desde el ámbito de la salud pública, de las repercusiones económicas y sociales, sino desde la perspectiva de la limitación de los derechos de los ciudadanos con el fin de salvaguardar la salud pública. Es en este último aspecto en el que es indispensable estar atentos para señalar posibles excesos en la actuación de las autoridades, algunas de ellas reincidentes, que ceden a sus pulsiones concentradoras de facultades que no les competen. Tenemos que ser vigilantes, porque la propia Constitución establece las situaciones de excepción y la forma de actuar de las autoridades sin violentar el estado de derecho.

La palabra calamidad viene del latín calamitas, calamitatis, que se utilizaba para describir la destrucción de las cosechas de trigo por los vientos que soplaban hacia el norte provenientes del mediterráneo, cuando se mezclaban los calamus (cañas del trigo) inservibles con el trigo ya trillado. Con el decurso del tiempo la palabra calamidad adquirió el sentido de un “azote” o una “tragedia”, pues el fenómeno descrito por la palabra traía hambre a la población.

La violencia en México tiene múltiples expresiones. Está más profunda y generalizada de lo que las visiones parciales señalan. Realizar una radiografía de ella con un alto grado de precisión enfrenta dificultades insalvables, porque los datos existentes son relativamente recientes, los tipos penales han cambiado y, en los últimos años también, la metodología se ha transformado, creo que para bien.

El INEGI define la corrupción como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”. Tal definición se complementa con la clasificación de cómo se presenta: en gran o pequeña escala. La corrupción en gran escala es difícilmente cuantificable por los mecanismos sofisticados y la secrecía con la que se realiza. Es hasta que sale a la luz alguna acción de este tipo que se puede tener un cálculo particular de la dimensión del hecho delictivo. En cambio, de la corrupción a menor escala, que es la sufrida por la población de manera cotidiana, sí es posible tener una aproximación a su magnitud por la utilización de instrumentos demoscópicos.

Como hemos comentado en colaboraciones anteriores, la corrupción en el México contemporáneo ha jugado un papel dual: de adhesivo del Sistema Político, pues ha servido como un instrumento para adquirir y mantener lealtades, y para construir complicidades; además ha sido un mecanismo eficiente de acumulación de capital. La alternancia en los poderes federal y locales, en el proceso de la transición a la democracia, no modificó el funcionamiento sistémico de la corrupción.

El objetivo del análisis del Sistema Judicial en el proceso de transformación democrática del país no es un asunto que se deba realizar sólo desde una perspectiva teórica; sino que debe reflexionarse sobre la construcción de un nuevo equilibrio entre poderes que desmantele la injerencia de los poderes ejecutivos federal y locales en el proceso de integración de la Suprema Corte y de los tribunales de justicia de las entidades federativas, lo cual fortalecería su autonomía. Es de lamentarse que el tema no se encuentre en la agenda legislativa de ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.

En un artículo anterior abordamos el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva de “la captura del Estado” planteada por Leslie Holmes (¿Qué es la corrupción?). Su texto aborda diferentes facetas de la corrupción y, ellas sin duda alguna pueden aportar elementos para realizar un diagnóstico sobre un país particular. Lo cual es indispensable para diseñar las políticas públicas pertinentes para combatirla. Hoy comentaremos otras dos vertientes planteadas por esa autora, que son relevantes y las califica como relacionadas con el sistema: económica y política.